Cae el movimiento portuario: el Puerto de Montevideo perdió 133.000 contenedores en un año por efectos del acuerdo con Katoen Natie

El Puerto de Montevideo registró una pérdida de más de 133.000 contenedores en los últimos doce meses, lo que representa una caída significativa en su actividad logística y comercial. La cifra fue revelada por El País en base a datos oficiales y confirma una tendencia descendente que diversos actores del sector habían advertido desde hace tiempo: el acuerdo firmado en 2021 entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la multinacional belga Katoen Natie está teniendo impactos estructurales negativos sobre la competitividad portuaria nacional.

Durante la administración anterior, la ANP (Administración Nacional de Puertos) estuvo bajo la presidencia de Juan Curbelo, quien ejecutó la prórroga del contrato de concesión a Terminal Cuenca del Plata (TCP), administrada por Katoen Natie, hasta el año 2081. Dicha extensión fue negociada sin licitación pública, otorgando a la empresa una posición de preferencia en la operativa de contenedores, lo que en la práctica generó condiciones de exclusividad cuestionadas por operadores locales, especialistas en derecho y la oposición parlamentaria.

Desde la firma del acuerdo, múltiples navieras comenzaron a redirigir sus servicios hacia puertos alternativos, principalmente en la región sur de Brasil y Argentina. La falta de competencia efectiva y los mayores costos derivados de operar bajo un modelo concentrado habrían erosionado la posición estratégica de Montevideo como hub regional para el transbordo, afectando particularmente el volumen de cargas provenientes de Paraguay.

El informe periodístico destaca que esta merma en el movimiento portuario no puede atribuirse a la actual administración, ya que lleva apenas tres meses de gestión, y apunta directamente al legado de políticas adoptadas por el gobierno anterior. Entre los sectores logísticos y empresariales, crece la percepción de que el acuerdo con Katoen Natie, lejos de fortalecer el sistema portuario uruguayo, comprometió su soberanía operativa y su rol regional.

Si bien la Fiscalía archivó en dos ocasiones las denuncias penales presentadas por la oposición —alegando falta de elementos para configurar delitos—, el cuestionamiento político y técnico sobre la legalidad y legitimidad del acuerdo sigue vigente. Además, la empresa belga aún no ha cumplido con todos los compromisos de inversión anunciados, incluyendo la construcción de 350 metros de muelle y la habilitación de siete hectáreas de nueva playa de contenedores, que ya deberían estar en funcionamiento.

A medida que se profundiza el análisis sobre las consecuencias del acuerdo, se consolida un diagnóstico compartido por múltiples voces del sector portuario: el Puerto de Montevideo atraviesa una crisis de competitividad que no es coyuntural, sino estructural, y cuyas raíces se remontan a decisiones políticas tomadas sin la debida planificación estratégica ni consulta pública.