Cae 50% el tránsito de contenedores en el Puerto de Montevideo por fuga de navieras y mal manejo del gobierno anterior

El Puerto de Montevideo enfrenta una severa caída en el movimiento de contenedores en tránsito: en el primer cuatrimestre de 2024, el volumen cayó un 50% respecto al mismo período del año anterior. Esta pérdida está directamente vinculada a la salida de las navieras MSC y Hapag-Lloyd, que dejaron de operar en tránsito por la terminal montevideana.

Lejos de ser un fenómeno reciente, la pérdida de carga comenzó a evidenciarse desde hace al menos seis meses. Las causas no son accidentales ni externas: responden a un modelo de gestión portuaria marcado por el monopolio en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la ausencia de control estatal sobre la fijación de tarifas, el incumplimiento del plan de inversiones comprometido por la empresa concesionaria y la demora sistemática en la atención a los buques.

En ese marco, varias empresas navieras comenzaron a redireccionar sus operaciones hacia otros puertos de la región, principalmente Buenos Aires y Río Grande, donde encuentran condiciones logísticas más competitivas, menores costos y tiempos de espera sensiblemente reducidos.

La situación no tomó por sorpresa a todos los actores del sistema. Desde la gestión anterior, la representación del Frente Amplio en la Administración Nacional de Puertos había advertido que las decisiones impulsadas por el gobierno de Luis Lacalle Pou —particularmente el otorgamiento de potestades exclusivas a una única empresa operadora— sentenciaban al Puerto de Montevideo a un proceso de pérdida sostenida de competitividad y atractivo regional.

Los datos actuales ratifican ese diagnóstico. Con una caída del 50% en los tránsitos, el puerto de Montevideo no solo ve disminuir su volumen de carga, sino también su rol como hub estratégico en el Atlántico Sur, afectando directamente la economía nacional y su inserción en las cadenas logísticas del Mercosur.

La reversión de esta situación exige una revisión profunda del modelo de gestión portuaria, mayor control estatal, apertura de competencia y cumplimiento riguroso de los compromisos asumidos por los operadores privados.